Contra el genocidio de ayer y la impunidad de hoy

Desde la Multisectorial Contra el Genocidio queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la actitud de los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén, que entienden en la Causa "Escuelita II", Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano, que en el día de la fecha SE NEGARON A RECIBIR el petitorio firmado por decenas de víctimas, familiares y sobrevivientes de la dictadura; organizaciones de DD HH, sindicales, sociales y políticas. En el mismo expresamos una clara posición ante la sentencia que este debe dictar a 22 Genocidas que están siendo juzgados.

Al comienzo de la audiencia, en plena lectura del petitorio por parte de la querella del CeProDH, el defensor de genocidas Rodolfo Ponce de León se opuso rotundamente a darle entrada al mismo bajo pretexto de ser "una presión política" expresada a través de "comunicados firmados por sectas y grupúsculos". Por su parte la defensora oficial Alejandra Vidales adhirió a la postura de Ponce de León y expresó que "lo que acá se está juzgando es la verdad jurídica, no la verdad histórica". A su término el TRIBUNAL resolvió dar lugar a LOS FALACES ARGUMENTOS de las defensas y no permitir que se presentara el petitorio firmado por una gran cantidad de personas y organizaciones ampliamente representativas de la región.

Desde la Multisectorial contra el Genocidio denunciamos públicamente esta ARBITRARIA DECISIÓN DEL TRIBUNAL QUE SE NIEGA A ESCUCHAR EL PEDIDO DE LOS SECTORES SOCIALES Y VECINOS QUE HAN SUFRIDO EL GENOCIDIO EN ESTE PAIS. Creemos que debemos redoblar la lucha en las calles en defensa de "la verdad histórica"; a la que los jueces, defensores y acusados le quieren poner "punto final". Es por ello que convocamos a la comunidad a sumarse al reclamo por justicia verdadera, y la condena por Genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva.
MULTISECTORIAL CONTRA EL GENOCIDIO
Se transcribe el Petitorio junto a los Firmantes

Neuquén, 23 de Octubre de 2012.-

Al Tribunal Federal Oral de Neuquén


Las organizaciones políticas, sociales, gremiales y de DD. HH; familiares, víctimas y sobrevivientes, abajo firmantes, queremos manifestar nuestra clara posición en relación a la sentencia que deberá dictar este tribunal a los imputados que están siendo juzgados en el Juicio "Escuelita II", en que se juzga solo a 22 genocidas que actuaron en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Nos pronunciamos por la defensa de todos los sobrevivientes que han declarado su verdad en este juicio, y que con su testimonio demuestran la participación de los imputados y de cada una de las fuerzas represivas que están en el banquillo de los acusados hoy (Ejercito, Gendarmería y Policía de Río Negro) mientras seguimos exigiendo que se juzgue a todos los que participaron en el genocidio y fueron fuerzas fundamentales como a Policía de Neuquén, Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal, aún impunes, al igual que los civiles que colaboraron en la dictadura.
En nuestro país no existieron dos demonios en pugna que hoy "saldan sus cuentas" en los estrados judiciales. Aquí se llevó a cabo un GENOCIDIO cuyas consecuencias se mantienen vigentes en la actualidad y afectan a toda la sociedad argentina. Es por ello, que en virtud de no contribuir a una nueva construcción de la impunidad, consideramos que éste Tribunal no puede evadir la responsabilidad histórica que hoy tiene de CONDENAR COMO COAUTORES DEL DELITO DE GENOCIDIO A TODOS LOS RESPONSABLES, A LA MAXIMA PENA EN CARCEL COMÚN Y EFECTIVA.
Firmas:
Inés Ragni -Asociación Madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle-
Lolín Rigoni -Asociación Madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle-
Pablo Hodola -Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Cutral Có y Plaza Huincul-
Pedro Daniel Maidana - Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Cutral Có y Plaza Huincul-
Gladys Rodríguez -Zainuco-
Angélica Acosta -Zainuco-
Natalia Hormazabal -CeProDH-
Mariano Pedredo -CeProDH-
Eva Maldonado -Comisión de Derechos Humanos de Senillosa-
Juan Billiet -ACTIVAR-
Carlos Zaidman -Ex detenido-desaparecido- por MULTISECTORIAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA
Sergio Mendez Saavedra -Ex Detenido Desaparecido-
Juan Isidro López -Ex Detenido Desaparecido-
Alicia Villaverde -Ex Detenida Desaparecida-
Islanda Becerra -Ex Detenida-Desaparecida-
Eduardo París -Ex Detenido Desaparecido-
Nelly Curiman -Ex presa política-
Natalia Cantero -Hija nacida en Cautiverio-
Paola Panizza -Hija de Desaparecidos-
Soledad Diaz -Hija de Desaparecidos-
Marcos Seminario -Familiar de detenido-desaparecido-
Esther López -Familiar de Ex detenido-desaparecido-
Nadia París -Familiar de Ex detenido-desaparecido-
Raúl Horacio París -Familiar de Ex detenido-desaparecido-
Graciela Frañol -Familiar de detenida-desaparecida-
Ricardo Omar Sepúlveda - Familiar de Ex detenida-desaparecida-
Luis Giannini - Secretario General CTA Río Negro-
Jorge Molina - Secretario General UnTER-
Alberto Cacopardo -Comisión directiva UnTER-
María Cristina Bay -Comisión directiva UnTER-
Carina Pita - Secetaria General UnTER Cipolletti-
Carlos Albarracín - Secretario General UnTER Allen-
Lilian Salusoglia -Secretaria Adjunta UnTER Allen-
Etchepareborda Paolo - Secretario General UnTER Viedma-
Edgardo Staini - Secretario General UnTER Bariloche-
Edit Nemesi -Secretaria General UnTER Villa Regina-
Roxana Extraigas -Secretaria General UnTER Río Colorado-
Patricia Mon Avalle -Scretaria General UnTER El Bolsón-
Sergio Gallianatti -Secretario a cargo de UnTER Cinco Saltos-
Mario Floriano - Secretario General UnTER General Roca-
Manuel Hermida -Secretario Gremial CTA Fisque Menuco-
Priscila Ottón - Secretaria de DD HH CTA Neuquén-
Marcelo Morales -Secretario General SOECN-
Marisa Stagnaro -Secretaria Adjunta SEJUN-
Nicolás Luna -Comisión Directiva ATEN Provincial-
Daniel Huth - Secretario General ATEN Capital-
Demian Romero -Secretario General ATEN Centenario-
Verónica Palavecino -Secretaria General ATEN Senillosa-
Alejandra Coronel -ATEN Picun Leufu-
Juan Montecino -Federación Universitaria del Comahue-
Miriam Cayul -Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología-
Tamara Egea - Centro de Estudiantes de Humanidades-
Alfredo Fuentes -Delegado Molarsa-
Alejandro Castellar -Vocalía Gremial CPE Neuquén-
Orlando Solaro -Vocalía Gremial Río Negro-
Carmen Capdevila -kasandrxs feministas libertarias-
Ruth Zubriggen -Colectiva Feminista La Revuelta-
Alicia Mella -Agrupación de Mujeres Pan y Rosas-
Mariela Casanova -Mujeres en la Corriente Nuestra Lucha-
Cecilia Gianfrancisco -Frente Popular Darío Santillan-
Raúl Godoy -P.T.S.-
Patricia Jure -P.O.-
César Parra -P.O.-
Angélica Lagunas -I. S.-
Mario Cambio -P.C.R.-
Angélica Cano -P.O.R.-
Alberto Vidal -P.C.O.-
Paula Carvajal -C.S.-
Florecia Lezcano -C.S-
Alcides Kristensen -Nuevo MAS-
José Navarrete -MST Nueva Izquierda-
Carlos Etchepareborda -Partido Socialista Viedma-
Ernesto Rosenberg -GRAMARPAL-
Pablo Krahulec -Frente de Unidad y Lucha en UnTER-
Beatriz Soria Frente de Unidad y Lucha en UnTER -Cipolletti-
Liliana Obregón -Movimiento Jubilado ATEN-
Gabriel Pillado -Agrup. Rosa ATEN-
Daniel Zapata -Agrup. Ambar ATEN-
Siguen decenas de firmas...

Agencia Rodolfo Walsh

Susana Trimarco recibió en Diputados la Distinción de Honor "Néstor Kirchner"

Diputados de todas las bancadas entregaron esta tarde la distinción a Susana Trimarco, referente en la lucha contra las redes de trata de personas desde el secuestro de su hija, Marita Verón, en el 2002.

La ceremonia se realizó en Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación y contó con la presencia de la diputada nacional por Misiones Silvia Risko, quien preside la Comisón de familia, mujer, niñez y adolescencia.

 

En la oportunidad Trimarco manifestó su agradecimiento por esta distinción de honor; "Agradezco esta distinción que voy a llevar hasta el último día de mi vida, así como hasta el último día voy a luchar por las mujeres que son víctimas de la trata”, y relató una anécdota que la liga “especialmente” a este reconocimiento.

“En 2003, la primera vez que el presidente Néstor Kirchner visitó Tucumán, pude llegar hasta él y le dije: `Señor Presidente, me secuestraron a mi hija, por favor ayúdeme`. El se detuvo, recibió una carta en la cual le contaba el caso, y a la semana siguiente me recibió en la Rosada. El, de muy bajo perfil, fue el primero que me ayudó”, relató.

Cabe señalar que este próximo viernes 26 en Misones se realizará una jornada de Sensibilización de Lucha contra la trata de personas por explotación sexual. Y estará Susana Trimarco con su equipo de la Fundación María de los Angeles.

 

El taller está previsto en el Hotel Julio César de Posadas, cuya apertura será a las 9.30 hs y se extenderá hasta la 17 hs.

La Identidad es un Derecho, la Verdad también

A 35 años de la adopción fraudulenta de Marcela y Felipe, su apropiadora y el Grupo económico Clarín, que ella preside, intentan borrar todas las pruebas del delito. Días at

rás, el Grupo difundió otra mentira, diciendo que la investigación por la apropiación debería cerrarse, al afirmar que “Confirman que no son hijos de desaparecidos”, al haberse completado todos los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y al no haber obtenido resultados compatibles con ninguna familia de las analizadas hasta ahora. Pero en la misma nota afirman que aún “quedan unas pocas muestras” que restan reunirse, lo que contradice que el caso deba ser cerrado: seguirá abierto hasta que se establezca la verdadera identidad de ambos.

Ningún caso cuya muestra genética sea excluyente con todas las incorporadas al BNDG es cerrado, porque la única manera de clausurarlo es cuando se consigue un resultado compatible en un porcentaje que demuestre una filiación. Marcela y Felipe siguen sin respuestas. Las muestras de ambos quedarán, como todas las demás, guardadas para futuros entrecruzamientos genéticos, a medida que se vayan incluyendo más familias analizadas al BNDG. Por diversos motivos, hasta el momento, sólo se han podido completar alrededor de 250 de los 500 grupos familiares.

El fin de la impunidad no es sólo la condena a los genocidas, sino que también es -entre otras cosas- la restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados. Cada caso es particular, pero, definitivamente, ninguno llegó a tener la falta de anonimato y preservación de información que tiene el caso de Marcela y Felipe Noble. Y esa exposición siempre fue responsabilidad de la misma persona que durante años hizo todo lo posible por impedir el avance de la justicia para garantizar el derecho a la identidad de ambos: Ernestina Herrera de Noble.

Permanentemente, desde el multimedios se difundió información tergiversada sobre la causa. Durante muchos años no se hablaba del tema en los medios masivos de comunicación. Nadie se tomaba el sencillo trabajo de cruzar lo publicado por Clarín con los fallos judiciales, para constatar las mentiras de ese diario. Pero la impunidad no es eterna. Desde hace 9 años, en nuestro país se terminó el tiempo cómodo para los civiles que cometieron delitos de lesa humanidad.

Hay verdades que no deben ser olvidadas:
1- El trámite con el que fueron anotados Marcela y Felipe en la familia es irregular. Dado que esto se cometió en un terrorismo de Estado, son delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio.
2- La jueza Ofelia Hejt, designada durante la dictadura, fue la que intervino en la adopción ilegal de Marcela y Felipe, y la misma que en abril de 1977 entregó en guarda a Andrés La Blunda, de 3 meses de vida, quien en 1984 recuperó su identidad.
3- Ana María Di Lonardo, quien fue directora del BNDG durante muchos años, es la genetista de Herrera de Noble en la causa: justamente, la persona que durante años accedió a esa información valiosa, hoy resulta un eslabón fundamental del oscurantismo.

El pueblo argentino no se deja engañar más, a pesar de las mentiras de Clarín y de los que pretenden volver a tejer pactos con la impunidad, pero ese tiempo se terminó. La verdad triunfa, nos lo enseñaron las Abuelas con cada abrazo a sus nietos, las Madres, Padres y Familiares con sus ejemplos de lucha y amor. Lo dice el pueblo que sabe quién es quién y pone a Ernestina Herrera de Noble donde debe estar: en la lista de los que deben responder ante la justicia por delitos de lesa humanidad"

H.I.J.O.S. Regional Capital
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Comunicado de prensa. 21/10/2012

Allanan domicilios del Gral Carlos Alberto Martínez, por el crimen de Alberte

El pasado viernes 15 de junio fueron allanados en San Miguel domicilios del general de división retirado Carlos Alberto Martínez, Jefe de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército desde agosto de 1975 a fines de 1977 y jefe de la SIDE con rango de Secretario de Estado de 1978 a 1983.

Martínez fue hombre de confianza  de Videla y se le atribuye haber diseñado junto con Viola los planes de ejecución del genocidio y luego la Operación Centroamérica de exportación del Terrorismo de Estado. 

De él dependió toda la estructura de inteligencia represiva de la dictadura, incluyendo el tristemente célebre Batallón 601. Martínez, ex -  alumno de la Escuela de las Américas, representó a las FFAA argentinas en cónclaves secretos del Plan Cóndor en Santiago de Chile. Ya retirado, se recicló en democracia cuando en 1989, bajo Menem, el entonces Secretario de la SIDE Juan Bautista Yofre lo nombró director de la Escuela de Inteligencia del organismo.

La orden de allanamiento provino del titular del Juzgado Federal nº 3, Daniel Rafecas, quien investiga el asesinato de Bernardo Alberte en el marco de las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Alberte, el militar que fue Delegado de Perón en tiempos de Onganía, fue asesinado en su casa por un comando del Ejército la madrugada del 24 de marzo de 1976 y está considerado la primera víctima mortal de la última dictadura.

Cabe recordar que el 21 de mayo pasado Rafecas hizo allanar el domicilio del general de brigada retirado Jorge O’Higgins, acusado de haber tenido en su poder  originales de cartas de Perón dirigidas a Alberte  robadas la madrugada del crimen. Un vecino encontró por casualidad las cartas, además de agendas y otros efectos del represor, en el palier compartido de sus departamentos y entregó su hallazgo a la justicia.

O’ Higgins, otro ex – alumno de la Escuela de las Américas, en 1976 fue subordinado directo de Martínez en la jefatura de Inteligencia del Ejército y luego participó en la Operación Centroamérica como agregado militar argentino en Honduras.

Los domicilios de Martínez allanados el  viernes pasado están en Pardo 2112 y España 865, 5º piso, ambos en el partido bonaerense de San Miguel. En los procedimientos se secuestró documentación  relacionada con los delitos que investiga Rafecas.  Participaron funcionarios del juzgado  y de la Policía Federal.

La familia Alberte denunció judicialmente el asesinato y el robo de las cartas en junio de 1976. El expediente fue reabierto tras la derogación de las leyes de impunidad. La familia es querellante en la causa, con el patrocinio letrado de la Dra. Elizabeth Gómez Alcorta. 

Familiares de Alberte acusaron como jefe de la comisión militar que ejecutó el crimen al  General (R.E.) Oscar Enrique Guerrero, quien en 1981, bajo Viola, llegó a ser Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires y luego de Malvinas, Jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

Preocupación por fallo de Catamarca Juicios Lesa Humanidad

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, manifestó  su “preocupación por el criterio de algunos tribunales y fiscales”, tras la finalización del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Catamarca, en el que dos represores fueron condenados con penas de diez y 16 años a cumplir con prisión domiciliaria.

Fresneda, quien el viernes asistió a la lectura del veredicto, celebró la realización del juicio, al sostener que “permitió comprobar el entramado represivo y los resortes del terrorismo de Estado” en la provincia, aunque expresó su preocupación por las condenas.

El Tribunal Oral Federal de Catamarca, compuesto por los jueces Juan Carlos Reynaga, Eduardo Gabriel Casas y José Camilo Quiroga Uriburu, condenó al ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, Carlos Alberto Lucena, y al ex jefe general de Policía, Juan Daniel Rauzzino, a 16 y diez años de prisión domiciliaria respectivamente, acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

En el juicio, iniciado el pasado 23 de abril, declararon 50 testigos y se investigaron las desapariciones y posteriores muertes de Francisco Ponce, de su hermana Griselda Ponce, de su sobrino, Julio Genaro Burgos y de Nelly Yolanda Borda, ocurridas entre 1976 y 1977.

Tras el fallo, Fresneda manifestó su preocupación “por el criterio de algunos tribunales y fiscales, que basan sus sentencias y acusaciones en figuras que tienen menor pena, como privaciones ilegítimas de la libertad, a pesar que deberían aplicar otros tipos penales como el de homicidio calificado, que habilitan a condenas más acordes a la gravedad de estos hechos, tratándose de desapariciones forzadas”.

En este sentido, el funcionario recordó que la querella de parte de la Secretaría a su cargo pidió que se los condene por homicidio calificado, y que se les revoque la prisión domiciliaria y fueran enviados al Penal de Miraflores. 

fuente Télam 

Agencia Nacional de Noticias

Intentaron secuestrar al nieto de un ex-detenido y querellante contra Ledesma

 JUJUY

Viernes, 18 de Mayo de 2012 05:07

(AW) El nieto de Hugo Condorí, ex detenido de la dictadura cívico militar y querellante en las causas por delitos de lesa humanidad por la noche del apagón, sufrió el miercoles pasado, un intento de secuestro. Un desconocido, en momentos en que el niño esperaba a su tía en la puerta de la esuela, lo tomó en brazos y corrió aproximadamente media cuadra. Allí tropezó y el chico aprovechó esto para volver corriendo a la escuela, donde aún había maestras.

Entrevista de "La Colectiva" a Julio Gutiérrez de CAPOMA - 011-15-3159-9744

San Salvador de Jujuy, 17 de mayo de 2012.-

Ayer miércoles fueron las vísperas de un evento histórico para la lucha por los derechos humanos en Jujuy, tal como es la posibilidad de hacer comparecer por primera vez en la justicia a los conductores del ingenio

Ledesma cuando la dictadura, el entonces administrador, Lemos, y su aún dueño, Blaquier, por las represiones y desapariciones durante la última dictadura, cuyo capítulo más oscuro fue la tristemente célebre "noche del apagón" (en realidad una semana durante la cual al resguardo de cortes nocturnos de la luz suministrada por Ledesma desaparecieron a cerca de 400 personas con el apoyo de vehículos de la misma empresa y entre ellos trabajadores de la misma).

También fue la antesala de un día que significaba un pequeño gran avance en la investigación sobre la patronal ideóloga de la última dictadura militar.

Pero para Hugo Condorí, más conocido como "el coya" Condorí, ex-sindicalista de ledesma, ex-preso político, testigo en las causas (muchas unificadas merced la lucha popular) por la desaparición de Luis Aredez, Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Crescencio Vargas, así como querellante en una de las causas de Ledesma, para el coya el día tuvo un curioso aditamento.

Sugestivamente en la víspera de este día clave el nieto del coya Condorí, de 8 años, sufrió un intento de secuestro a la salida de su colegio, al promediar las 5 de la tarde. Por un hecho fortuito el aún ignoto secuestrador, que tomó al niño por detrás y echó a correr, tropezó en un pequeño desnivel y cayó al suelo permitiendo al niño escapar de sus designios.

Este sugerente modo de operación parece transformarse en un modus operandi si sumamos a este hecho que hace unos años, al finalizar el coya su participación en un documental sobre la historia de la lucha por los derechos humanos en Jujuy, llamado "Nadie Olvida Nada", fue una hija suya quien sufrió también un intento de secuestro.

Pese a todo, en esta Jujuy librada a los aprietes, a las dilaciones judiciales o a la contradictoria política nacional de tener como socio burgués a una empresa manchada con el genocidio, la valentía de testigos inéditos, de viejos denunciantes como el coya y de una fuerte movilización social ha logrado poner en la agenda el cobro de una vieja deuda social hacia aquellos que, lejos de ser socios del poder de turno, han significado el poder mismo, el que siempre está de turno... hoy parece haberle llegado el turno.

El temor es comprensible.

Colectivo Radio Pueblo

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/

Designaron al nuevo secretario de Derechos Humanos

El Gobierno designó a Juan Martín Fresneda -abogado e hijo de desaparecidos- como nuevo secretario de Derechos Humanos, cargo que quedó vacante tras el fallecimiento, hace poco más de un mes, de Eduardo Luis Duhalde.

Fresneda, quien tiene 36 años y hasta su nombramiento se desempeñaba como titular de la delegación Córdoba de la Anses, es uno de los fundadores de H.I.J.O.S en la provincia mediterránea.

Como abogado, representó a las querellas en varios juicios por delitos de lesa humanidad realizados en territorio cordobés.

Su designación fue formalizada mediante el decreto 725, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

Los padres del nuevo secretario de Derechos Humanos, Tomás Fresneda y María Argañaraz, fueron secuestrados en julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata durante la "Noche de las Corbatas". Al momento del rapto, su madre estaba embarazada de cuatro meses.

En cuanto a sus antecedentes en política, además de pertenecer a H.I.J.O.S, Fresneda es uno de los principales referentes de la agrupación kirchnerista ´La Jauretche´ en Córdoba y apoderado del Frente para la Victoria (FpV) en esa provincia mediterránea.

En tanto, en las elecciones del año pasado ocupó el quinto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales del FpV.

Fuente: http://www.telam.com.ar

El decreto 897 y cuando los genocidas le dan letra a la prensa

Que la defensa penal de un acusado por violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad, utilice todo tipo de argucias jurídicas, políticas y retóricas para intentar mejorar la situación de su defendido, forma parte del escenario cotidiano de los juicios que, desde el 2003 a esta parte, se vienen realizando en todo el ámbito del país. Ahora bien, que parte de esas argucias sirvan como argumento para que algunos medios de comunicación, con notorios y claros intereses políticos, se monten en ellos, es toda una novedad. Esa novedad se ha dado, una vez más, en nuestra provincia de Misiones.

Durante una de las primeras jornadas del juicio contra cinco represores con actuación en la Jefatura de Policía de la Provincia de Misiones, durante la pasada dictadura militar, uno de los abogados defensores acusó al ex gobernador Carlos Rovira de haber ordenado la quema de archivos sensibles de la propia policía, con el supuesto y oculto objetivo de proteger a personas que no estaban siendo enjuiciadas. Según los abogados defensores, el origen de esta aparente maniobra por ocultar datos claves sobre el accionar delictivo de la jerarquía policial, era el decreto 897 del año 2005.

Si bien la maniobra tenía todas las características de un ardid distractivo, no pocos fueron los colegas que se montaron en la operación y salieron a replicar a troche y moche que el gobierno de la Renovación había quemado archivos claves sobre el pasado negro del país y la provincia. Una vez más, y como suele ocurrir en este tipo de operaciones de prensa, ninguno de los colegas aportaba la más mínima prueba, tan sólo los dichos de la defensa de los genocidas. Como fuente, por lo menos hay que decir que es de dudosa calidad ética.

De todas formas, la cuestión es casi pueril. Basta con consultar el decreto 897/05, leer lo que dice y se resuelve la cuestión. Parece que algunos colegas prefieren ahorrarse el trabajo de leer ¡una carilla! y seguir machacando con las mentiras de los genocidas.

 

Bueno, vamos al punto ¿qué dice el famoso decreto? El decreto, fechado el 10 de junio de 2005, lleva las firmas del por entonces gobernador Rovira y el ministro de gobierno Miguel Angel Iturrieta, tal como puede observarse en la imagen. En los considerando del decreto, se cita al decreto N° 1239/86 (que también figura en las imágenes), al que se le realizarán algunas modificaciones que aparecen en la parte resolutiva.

Entonces, ¿en el articulado del decreto 897/95 sí figuran las referencias a los archivos de la Jefatura de Policía? No, no dice nada al respecto. Cito textual para que no queden dudas, los dos artículos principales que integran el decreto mentado, ya que el 3° y 4° son sólo de forma:

ARTÍCULO 1° .- MODIFÍCASE el Art. 4° del Decreto N° 1239/86, modificado por similares Nros. 2565/98 y 1025/00 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 4° .- Los plazos de archivo de las actuaciones de cada Repartición, son fijados teniendo en cuenta los principios de Economía Administrativa establecidos en los Artículos precedentes debiendo ser de uno (1), tres (3), cuatro (4), cinco (5) y de diez (10) años respectivamente y de acuerdo a la nómina agregada como Anexo 1”.-

ARTÍCULO 2° .- MODIFÍCASE el ANEXO 1 del Decreto N° 1239/86, modificando por similares Nros. 2565/98 y 1025/00 incorporándose a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, con los plazos conformes al ANEXO 1 que se adjunta y forma parte del presente Decreto.-

O sea, el decreto no dice absolutamente nada sobre los archivos de la Jefatura de Policía durante la época de la dictadura, sino que modifica los términos del tiempo de custodia de ciertos documentos de la administración pública en general. Por lo tanto, el siguiente paso es chequear qué dice el decreto 1239/86.

Aquel decreto, firmado por Ricardo Argañaraz en su condición de ministro de Gobierno y por Ismael Carlos Acosta, en ejercicio del Poder Ejecutivo, establecía en su artículo 1° “Fíjanse para las actuaciones que se tramitan en jurisdicción del Ministerio de Gobierno de la Provincia, los plazos de archivo establecidos por las normas que a continuación se detallan”.

En los artículos siguientes, se detallan el tiempo (1, 3 y 5 años) que se debían guardar los archivos de las reparticiones públicas hasta su definitiva incineración. Lo curioso (o no tanto) es que en el artículo 3°, se establece que “poseerán un término indeterminado de archivo: … Libros de guardia y registros de mesa de entradas y salidas”. ¿Qué significa esto? Que aquella información que puede ser sensible para detectar los movimientos de los Centros Clandestinos de Detención se debía guardar por “término indeterminado”.

A ver, repasemos. El decreto 897/05 modificó dos artículos del decreto 1239/86. Esa modificación nada tenía que ver con archivos de la dictadura, sino que, inclusive, ampliaba el tiempo de custodia de ciertos papeles públicos (llevando el máximo de custodia a 10 años) y ratificaba el “término indeterminado” para los libros de guardia y registros de mesa de entradas y salidas.

Sí, así de simple. El gobierno de Rovira y el de la Renovación nada han decidido sobre los archivos de la dictadura. Lo que sí han hecho, es convertir al Estado misionero en uno de los primeros a nivel país en constituirse en querellante en los juicios. Tanto como para que Misiones haya sido la tercera jurisdicción en dónde se obtuvo una sentencia por violaciones a los Derechos Humanos, luego de la CABA y la provincia de Buenos Aires.* También, han profundizado esta política para que las investigaciones no terminen en la cúpula represiva, sino que baje hacia los represores directos, como los que están siendo juzgados actualmente en el Tribunal Oral Federal de Posadas.

Aristas finales

Acá no termina esta historia, porque hay algunos aspectos que no se pueden soslayar. Por un lado, que la ley N° 2802 de 1990 (cuya imagen se incluye) establece, en su artículo primero que: “Autorízase al Poder Ejecutivo a proceder a la destrucción de la documentación obrante en la Ex-Dirección General de Inteligencia Misiones (D.I.M.), que se refiera a antecedentes políticos, laborales, familiares, religiosos, privados y de toda índole de los ciudadanos registrados”. Esta ley fue ratificada por el gobernador de entonces, Julio César Humana y por el ministro de Gobierno, Hugo Roberto Caballero, mediante el decreto N° 1813.

No tenemos la confirmación de que esta destrucción se haya realizado, pero es probable que así sea. También desconocemos qué tipo de información contenía dicho archivo y si la misma hubiera servido para esclarecer hechos del pasado o si eran simple fichas con los perfiles de los “subversivos” o “sospechosos”. Más allá de estas dudas, lo que está claro es que la Renovación no tuvo nada que ver con aquella determinación.

Por otro lado, fue errática la conducta asumida por algunos funcionarios públicos ante la maniobra desatada por los abogados defensores y algunos medios de comunicación. Tanto el vicegobernador Hugo Passalacqua como el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, hicieron declaraciones sumamente desafortunadas. Ambos pusieron en evidencia la falta de información que manejaban sobre el tema y terminaron por quedar entrampados en la retórica de aquellos que construyen la realidad desde sus propias fantasías. Mucho más fácil era remitir las preguntas al texto del decreto 897 y se terminaba la discusión.

Por último, una vez resuelto el “dilema” del decreto 897, es necesario llamar a la reflexión a muchos de los colegas que se sumaron a esta operación. No es la primera vez que estos medios se morfan el “pescado podrido” que les tiran desde algunas usinas de la comunicación. Está bien, son las reglas del juego y deben responder a los intereses de sus patrones, todos ellos políticos venidos a menos pero con aspiraciones de poder. La cuestión es cuando se montan a las operaciones gestadas por los represores y los genocidas. Esa, debería ser una barrera ética que no habría que cruzar, porque después de eso, ya no hay forma de retorno.

* Causa N° 1-531/04 Nro TOF 15/2008. "Caggiano Tedesco, Carlos Humberto s/ privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos seguidos de muerte en concurso real". Tribunal Oral Federal de Posadas. Sentencia: 03/07/2008. Condena de 25 años de prisión a Caggiano Tedesco.
Causa N° 30/09 (1-881-06) "Cuena José María, Gómez Rubén Alberto, Personal de la Colonia Penal de Candelaria Misiones (u-17) durante los años 1976 a 1983 s/torturas agravadas" Tribunal Oral Federal de Posadas. Sentencia: 30/06/2009. Condenas de 20 años de prisión para Cuanca y de 23 años para Gómez.
Causa N° 1-521/06 "Caggiano Tedesco, Carlos Humbertpo Beltrametti Juan Antonio s/ privación ilegítima de la libertad, privación ilegítma de la libertad agravada por torturas seguida de muerte". Tribunal Oral Federal de Posadas. Sentencia: 16/10/2009. Condenas de prisión perpetua para Caggiano Tedesco y para Beltrametti.

Equipo de investigación de Mate Cocido

Emotivo adiós a Félix

En medio de una emocionante ceremonia, se sepultaron los restos de Félix Escobar en Montecarlo, luego de casi 36 años en condición de desaparecido. Allí, junto al féretro, lo acompañaron su madre, Adolfina Villanueva, sus hermanos, sus sobrinos, sus parientes en general, sus amigos y compañeros de militancia y decenas de personas que se acercaron que dejar un mensaje muy claro: “Felix Escobar, presente, ahora y siempre”.

Félix Escobar fue detenido y permanecía desaparecido desde el 22 de diciembre de 1976, cuando fue secuestrado por un grupo de tareas en la ciudad de La Plata, en donde cursaba la carrera de Ciencias Económicas. Desde muy joven Félix se sumó a la militancia, primero en la UES y luego en la Juventud Universitaria Peronista. Todos sus compañeros de militancia destacan la generosidad y la convicción de Félix para sostener sus principios, como la paz que emanaban sus palabras, en una época en donde los debates se hacían a viva voz y en tono enérgico.

Hijo de una familia numerosa de tareferos, Félix fue el mayor de sus hermanos. Su madre se empecinó en que sus hijos pudieran estudiar y así lo hizo Félix, quién decidió viajar a La Plata para realizar estudios universitarios. Ese fin de año de 1976, el año más trágico de nuestra historia nacional, Félix tenía un regalo para su madre. Gracias a los ahorros que había logrado juntar con mucho esfuerzo, había comprado una bomba para la extracción de agua, de forma tal de evitar que Adolfina tuviera que continuar sacando el agua en forma manual. El aparato represivo no permitió aquel regalo y se llevó a Félix el 22 de diciembre, días antes de que partiera para Misiones.

A partir de aquella fecha, Adolfina inició un doloroso y valiente peregrinar en búsqueda de su hijo. Fueron constantes los viajes hacia Buenos Aires, en donde solía hospedarse en la casa de mis padres y junto a mi madre, Silvia Torres, recorrían las comisarías, los hospitales y los centros de reunión de familiares de detenidos/desaparecidos. Fueron años de tristeza y de miedo, pero siempre con la esperanza de encontrar a Félix vivo.

La democracia y la paulatina libertad de los presos políticos, fue una triste evidencia de la posible muerte de aquellos compañeros que no aparecían con vida en las cárceles de todo el país. Allí se inició otra lucha, la de saber qué había pasado y en dónde estaban los cuerpos de las víctimas. Fue una lucha larga, de casi 30 décadas, pero que un día llegó a su fin para Adolfina.

En diciembre del año pasado, el cuerpo médico forense identificó los restos de Félix en el marco de una investigación por el paradero de otra víctima del terrorismo de Estado. Ayer, en Montecarlo, finalmente se pudo cerrar este ciclo de dolor. Guardaré por siempre como uno de los momentos más emocionantes de mi vida, el abrazo que se dieron mi madre y Adolfina, y las palabras que se dijeron: “lo trajimos, lo trajimos”. 

Pablo Camogli

Detienen a represor argentino en Venezuela

La captura del excomandante Fernando Jorge Carril había sido requerida al Ministerio Público venezolano por "incurrir presuntamente en los delitos de privación ilegítima de libertad agravada, violación de domicilio, vejaciones y tormentos, robo agravado y coacciones agravadas" durante la última dictadura militar. Fue apresado el sábado en Valencia y remitido a Caracas, desde donde será trasladado a Argentina.

Según el gobierno venezolano, la fiscalía solicitó ante un tribunal caraqueño "que se mantenga la detención preventiva para Carril, mientras se notifica al gobierno de Argentina de la aprehensión y se espera si las autoridades judiciales de dicho país solicitan la extradición del hombre".

Asimismo, se dispuso el envío de un pedido a la Sala de Casación Penal de ese país para que "realice los trámites referidos a la extradición" a través de la Cancillería bolivariana.

Fuente: Página 12