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La derecha latinoamerica na en su laberinto

STELLA CALLONI
 - Una serie de hechos paradigmáticos han marcado a fuego las oleadas aparentemente ofensivas de  la derecha latinoamericana, que en realidad  resultan defensivas, cuando  los avances registrados por los gobiernos democráticamente elegidos en la región, cuestionan los antiguos e inamovibles privilegios de otros tiempos.

La derecha local pretendió acorralar al gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, con la lamentable participación de alguno que otro sector "progresista", aprovechando lo actuado por el Fondo Buitre NML y aparecieron ante la población sin máscaras, revelando su complicidad con los depredadores en su ataque directo a la soberanía nacional.


Subestimaron la capacidad de defensa de nuestros pueblos y  fueron sorprendidos por la dialéctica con que manejó la situación nuestro país, advirtiendo a los bancos  del poder hegemónico que un paso en falso como garantes de la reestructuración de una deuda en países en crisis acabaría con la credibilidad del sistema bancario, y dejaría sin salida a unos y a otros.


También trajo como consecuencia las investigaciones sobre estos Fondos Buitres y su accionar de saqueo contra países acorralados.


Esta y otras sutiles estrategias llevaron al fallo del 28 de noviembre pasado cuando la justicia de Estados Unidos congeló la aplicación de la resolución dictada por el juez Tomás Griessa contra Argentina y en defensa de los Fondos Buitres NML.


De allí a la decisión del Tribunal del Mar en Hamburgo que ordenó la liberación inmediata de la Fragata Libertad y confirmó la ilegalidad de la medida tomada por la justicia de Ghana. El 17 de diciembre se conoció que la Corte Suprema de Bélgica falló a favor del gobierno argentino  levantando también el embargo sobre sus cuentas diplomáticas que había sido dispuesto a solicitud del Fondo Buitre NML. Un asombroso silencio o minimización sobre este triunfo en los medios masivos de comunicación argentinos reveló la lamentable complicidad de estos con "los buitres".


De esta situación no tiene regreso la derecha local y sus asociados. Quedó "escrachada" en el mejor término que encontraron los jóvenes para señalar frontalmente a responsables de delitos de lesa humanidad en la pasada dictadura militar (1976-1983). El largo aleteo del buitre quedó suspendido en el aire, dejando un precedente jurídico  muy importante para todos los países del mundo.


En Venezuela una derecha amoral festejaba la enfermedad del presidente Hugo Chávez Frías, a cuyo magnicidio invitaron una y otra vez, cuando la sorprendió el triunfo arrasador del oficialismo en las recientes elecciones gubernamentales  del pasado 16 de diciembre  en 20 de los 23 estados  con la recuperación de algunos estratégicos y estando ausente el mandatario.


Este triunfo dio por tierra con las primitivas ilusiones de los sectores derechistas perdidos en otros laberintos y cuya dependencia de  recursos externos  ha resultado en una limitación más, a medida que los pueblos ganan conciencia y participación.

Otro ejemplo cercano fueron los resultados de los comicios  municipales de Brasil donde los partidos de derecha estaban seguros de haber  golpeado la yugular del gobernante Partido de los Trabajadores, al lograr la vergonzosa condena de uno de los más antiguos dirigentes petistas como es José Dirceu, por presuntos actos de corrupción.
Aunque  esos actos no fueron demostrados con la  probatoria que demanda la justicia en cualquier lugar del mundo,   la condena de Dirceu fue utilizada por la poderosa derecha brasileña, dueña de los mayores medios de comunicación, para intentar incidir en la voluntad  popular en los comicios recientes.
Se intentaba así frenar toda posibilidad de una reelección para la presidenta Dilma Rousseff o un posible  retorno de Luiz Inacio "Lula" da Silva al gobierno en el 2014.

Los grandes medios de comunicación juzgaron a Dirceu antes que los jueces y dictaminaron su condena también antes que éstos. La acusación se basó en artículos de esos propios medios, sin comprobación posterior. Fracasaron.


Podemos citar casos en cada uno de nuestros países para entender que estamos ante una escenografía cada vez más compleja para esa derecha. Los pueblos de América Latina están ganando estas batallas profundamente democráticas, y la dinámica de los cambios políticos asusta a las envejecidas derechas continentales lo que  hace más virulentos sus zarpazos. Es bueno conocer a fondo sus juegos de baja intensidad, para que nada nos sorprenda en los tiempos que vendrán.
 
Stella Calloni

En Panamá la ciudad de Colón está en estado de sitio


“A llorar al cementerio…” fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). 

Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a “los campesinos e indígenas de Panamá”. La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.

La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal.  La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en “estado de sitio”. 

El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.

Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe buglé organizado se opone a la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos trabajadores. En 2010 Martinelli también transportó en avión varios batallones del SENAFRONT para aplastar una protesta de los trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se registraron, además, decenas de heridos de perdigones y mujeres ultrajadas.

La privatización de la ZLC
La “privatización” de las tierras de la ZLC traspasa la propiedad de ese patrimonio de la ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora, la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en 1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).

Hay dos versiones para justificar la operación financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de las cuales se relaciona con las políticas neoliberales impuestas por las agencias financieras norteamericanas. Por un lado, los financistas del Ministerio de Economía y Finanzas incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida de US$ 400 millones que sería cubierta con la venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con la venta de las tierras el gobierno está creando un nuevo segmento de “rentistas” que vivirían de los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir, se trasladaran los ingresos de los alquileres que recibe el gobierno a un grupo de propietarios privados.

Una tercera versión, que surge de algunos sectores, es que Martinelli tiene interés en comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en parte de su patrimonio personal. También se estudia la venta de los terrenos vecinos (del Estado) que ampliarían la ZLC que serían adquiridos inmediatamente.  Esta opción no fue concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes veían la zona franca como un negocio rentable sin necesidad de tener que compartirlo con los “rentistas”. Los gobiernos liberales (1948-1968), militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010), a su vez, vieron la ZLC como una “caja menuda” siempre disponible para desarrollar proyectos en diferentes partes del país. El diputado de la oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno quiere vender estas tierras para “utilizar ese dinero para gastos y para politiquería”. Según otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita dinero para sufragar “el clientelismo y el robo descarado de los recursos públicos”.

Todo Panamá se solidariza con Colón
En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Martinelli salió del país con destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo el tiempo necesario para atacar a China provocando un incidente internacional deplorable con el principal surtidor de mercancías de la ZLC y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.

El gabinete de Martinelli parece que está experimentado serias grietas por la forma irresponsable que ha manejado las protestas colonenses. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en privado que abandonaría su cargo por razones de salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha evidenciado descontento por los acontecimientos de Colón. La ministra fue la única miembro del gabinete que no firmó el proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.

El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales. A la vez, responsabilizan nuevamente al presidente Martinelli, por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.


Marco A. Gandásegui (h)
Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del  Centro de Estudios Latinoamericanos  Justo Arosemena (CELA)

Todos fueron víctimas, ¿pero de quién?

Un supuesto enfrentamiento entre campesinos sin tierra y policías deja un saldo de 17 muertos. Los hechos permanecen absolutamente opacos. El gobierno da señales contradictorias y ninguna información. Los grandes medios fabulan y aterrorizan. 


Por este motivo publicamos una entrevista que el colega Carlos Amorín realizara al Pai Oliva, sacerdote jesuita y referente moral, ético y político en el país, para conocer su versión y opinión de estos hechos.


En la actualidad Paraguay es sin duda el país con el sistema político más inestable de América del Sur. Allí parece estar aún abierta la Caja de Pandora que durante décadas agitó una dictadura jurásica, esparciendo corrupción institucionalizada, mafias, traficantes, impunidad, inseguridad jurídica para los débiles, informalidad económica y ahora corporaciones sojeras todopoderosas.


En un contexto político caótico en el cual ninguna alianza es confiable, las muertes de Curuguaty son aún un acertijo cerrado, y las informaciones difundidas parecen destinadas más a confundir que a aclarar. Por eso, este diálogo con un amigo de siempre de la Rel-UITA.


¿Qué información puede compartir en este momento sobre los incidentes en Curuguaty?
-Los campesinos estaban acampados allí desde hacía un tiempo. Según algunos indicios, personeros del Partido Liberal les habían ofrecido 10 hectáreas a cada uno y eran unas 50 personas. El comisario de la zona recibió la orden de ir hasta el lugar, pero aún no se sabe cuál era el objetivo de la incursión: si un allanamiento o un desalojo.

El comisario iba hacia allí apenas con policías locales y sin armamento especial, ya que este tipo de intervenciones son bastante habituales en el país. Casi invariablemente se produce un diálogo, una negociación, y los campesinos se desplazan hacia otro lado. A veces las cosas pueden llegar a una refriega, una pelea, pero nada más. Este hecho es absolutamente excepcional.


En el camino el comisario encargado de la ejecución del operativo decidió dar marcha atrás porque justamente no tenía en claro qué era exactamente lo que debía hacer. Pero recibió una orden de su superior regional, Arnaldo Sanabria, quien lo obligó a continuar la acción.


Cuando los policías aún no llegaban hasta el campamento donde se encontraban los campesinos, un grupo aún no identificado de personas con armas de guerra los atacó por sorpresa. Parece que los hubieran estado esperando, que hubiesen sabido que vendrían policías mal armados.

Allí se produjo un primer tiroteo en el cual cayeron varios agentes del orden. Ante esto, la Policía se retiró del lugar, pero luego regresaron con refuerzos de grupos especializados en la represión y armas pesadas. Unos 300 efectivos realizaron vasto operativo que abarcó un amplio territorio alrededor del campamento y cargaron a sangre y fuego.


Los campesinos no comprendían lo que estaba sucediendo. La mayor parte pretendió escapar. Otros intentaron defenderse con lo que tenían: alguna escopeta para cazar, machetes...


El resultado ya lo conocemos: once campesinos y seis policías muertos, decenas de heridos, una tremenda conmoción social.


Hay numerosos detenidos, incluso gente que nada tiene que ver con lo que ocurrió, como un grupo de personas que estaban pescando deportivamente en un río cercano.


¿Esto pudo haber sido una suerte de conspiración, una provocación orquestada por terceros?
-Es posible, es posible. El problema ahora es que no hay información oficial, no hay comunicación del gobierno con la sociedad. No se sabe bien a quién beneficia esta masacre.
Se corren muchísimos rumores, y la prensa que está al servicio de los poderosos –sobre todo la televisión– ha dicho cosas inauditas que resultaron completamente falsas, pero que provocan una gran confusión en la gente.


¿No se ha podido establecer contacto con los campesinos sobrevivientes?
-De ellos sólo sabemos que hay unos que están muertos y enterrados y los demás están presos, pero no se sabe nada más.


¿Qué intereses puede haber detrás de algo así?
-Hay mucha gente tratando de despejar esa incógnita. Puede favorecer al Partido Colorado, el partido del ex dictador Stroessner, que tiene un ala derecha muy dura.


Pero también puede favorecer al Partido Liberal, más débil que el Colorado pero que ocupa la vicepresidencia, y en un clima de caos y desestabilización podría intentar un zarpazo a la Presidencia.


Puede favorecer los intereses de los narcos y las mafias que dominan esa región del país, pero también a los grandes plantadores de soja, la mayoría extranjeros, que ocupan al 75 por ciento de la población local.


Un incidente de este tipo puede justificar la militarización de la zona y el fin de las reivindicaciones de reforma agraria de los campesinos.
Se ha sembrado una gran confusión y se intenta criminalizar cualquier protesta popular.


¿Cómo ha reaccionado el presidente Fernando Lugo?
-Paradójicamente, el Presidente nombró nuevo jefe de la Policía Nacional a Arnaldo Sanabria, el oficial de la región de Curuguaty que dio la orden de continuar con el operativo a pesar de que el comisario que estaba ejecutando la acción aconsejó detener la operación para buscar un diálogo.


¿Por qué lo nombró?
-El presidente está siendo amenazado ahora con un juicio político, y lo nombró a petición del Partido Colorado. Además, puso como Ministro del Interior a Candia Amarilla, el ex fiscal general del Estado, quien fue destituido por él mismo debido a denuncias de corrupción. Son concesiones que está haciendo seguramente obligado por su fragilidad política del momento.


¿Y usted qué opina de todo esto?
-En lo que pienso es en que la ciudadanía se estaba despertando, se estaban haciendo manifestaciones -una de ellas de más cinco mil personas-, y se logró impedir una enorme transferencia de recursos del Estado a los operadores políticos. Fue una gran victoria ciudadana.


También está pendiente de resolución el juicio político a la Corte Suprema de Justicia acusada de corrupta, que está al caer, pero el Parlamento se niega a hacerlo a pesar del reclamo popular en las calles.


Todas estas movilizaciones se han detenido ahora por temor a una represión como la de Curuguaty.


¿Qué relación puede tener esto con las próximas elecciones de abril de 2013?
-Es posible que haya empezado una campaña electoral muy prematura… Pero, ¿a quién beneficia? En este momento los dos principales partidos aparecen tratando de llevar agua para su molino.


Parece todo muy orquestado…
-Evidentemente alguien ha hecho un plan para conseguir algo, pero está muy mal hecho, y por eso es difícil entender a quién beneficia. Cuando sepamos esto podremos identificar a los responsables…


Por otra parte, se está pidiendo que se conforme una Comisión Nacional con observadores extranjeros que acudan al lugar, se entrevisten con los presos y los policías actuantes, investigue y saque a luz los hechos y sus motivaciones, pero es difícil que se logre.
En algunos lugares se están realizando “velatorios simbólicos” donde la gente acude espontáneamente con velas y hay micrófonos abiertos de varios medios comunitarios y democráticos que permiten hablar a la gente.


El pueblo se expresa en general en términos muy positivos, porque todo el mundo siente que allí se enfrentaron paraguayos pobres contra otros paraguayos pobres, en una emboscada orquestada por alguien más. Tanto los campesinos como los policías murieron para beneficio de terceros. Todos fueron víctimas en este caso.


El presente material se edita en MateCocido por gentileza de Patricia Iglesias,
del Servicio de Información de la Regional Latinoamericana de la UITA (SIREL), Uruguay.

Movimientos sociales desconfían de lo acordado en documento final de Río+20

El documento final de Río+20 fue aprobado sin cambios, luego que los países presentes ratificaran sus posiciones. El texto contempla los derechos de la Madre Tierra , una propuesta del ALBA. Los movimientos sociales que asisten a la Cumbre de los pueblos manifestaron su incredulidad ante el documento y dudan que países industrializados lo cumplan

Los 193 delegados de los países asistentes a la Cumbre Río+20 en Brasil, aprobaron este martes el documento final del encuentro sin realizar modificaciones, algo que tomó de sorpresa a los representantes de movimientos sociales que participaban en la Cumbre de los Pueblos, que ya dudan que países industrializados cumplan lo acordado.

Al respecto, el jefe de Comunicaciones de las Naciones Unidas en Río+20, Nikhil Chandavarkar, señaló que todavía se pueden realizar cambio en el documento, pero duda que esto ocurra, debido a que los países ya manifestaron claramente sus posiciones.
La enviada especial de teleSUR en Río Centro, reportó que para la elaboración de este documento final el bloque europeo fue el que obstáculos puso.

“De alguna forma, el bloque europeo fue el que puso más obstáculos para las negociaciones, pero imperó la voluntad de brasil de llegar a un acuerdo, hecho que los demás países aplaudieron”, aseguró Huerta.

Amanda Huerta informó que el texto final incluye los derechos de la madre tierra, una propuesta realizada por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). “No obstante, también se reflejan algunas fallas, como la falta de transferencia de energía y los métodos de implementación”, precisó Huerta.

Movimientos sociales incrédulos ante documento final
Por su parte, Adriana Sívori, enviada especial de teleSUR a la Cumbre de los Pueblos, encuentro que cuenta con la participación de movimientos sociales, señaló que los asistentes se manifestaron incredulidad respecto al documento final de Río+20.

“Los movimientos sociales se mostraron incrédulos en relación al documento final de Río+20, porque aseguran que se trata de soluciones falsas. Esto lo dicen en referencia a las promesas realizadas en Río 92, sobre las cuales aseguraron que los países no ha cumplido su deuda ambiental”, informó Sívori.

Adriana Sívori también reseñó que los asistentes a la Cumbre de Los Pueblos manifestaron que proponen un nuevo modelo que asegure los derechos del planeta, pero se preguntan si realmente los países industrializados estarían dispuesto a cumplirlo.

La cumbre Río+20 es la cuarta conferencia de ese tipo en la historia, desde 1972, y su objetivo es trazar un plan mundial para enfrentar los principales problemas ambientales y luchar contra la pobreza.
fuente teleSUR

Denuncian a un grupo infiltrado en la masacre de Canindeyu

En un encuentro realizado ayer, entre una delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú y  Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi, se denunció la presencia de un grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución a la lucha social. 

En el transcurso de la tarde del domingo 17 de junio del corriente se realizó un encuentro entre una delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú con los Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi. 

Durante el encuentro se reconfirmó que la masacre no fue ocasionada por los campesinos que reclamaban las tierras malhabidas, sino por un tercer grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución a la lucha social. Quien anunció como primera medida la eliminación del Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía que permitía al menos un dialogo previo ante los desalojos, implementado de esta manera la ejecución directa, como ocurrió según testimonios de los familiares y las evidencias de tortura y ejecución halladas en los fallecidos.
 
Posteriormente, los familiares y la comitiva de organizaciones locales y nacionales, se reunieron además con el Jefe de Gabinete Miguel López Perito y la Ministra de Salud Esperanza Martínez; exigiendo la inmediata constitución de una Comisión interinstitucional conformada por el Gobierno, Familiares, Organizaciones Sociales de la zona y Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, encargada de llevar a cabo un Plan de Acción Comunitario que contemple:

1. Las garantías para culminar la búsqueda de heridos y fallecidos en la zona de la masacre.

2. El esclarecimiento de los hechos ocurridos y la aplicación de la justicia a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de la masacre.

3. Resarcimiento material y moral a las víctimas y sus familiares.

4. Libertad a aquellas personas que no estuvieron en los enfrentamientos y/o fueron detenidos e imputados sin justificación, cuyo número asciende a 46.

5. Garantizar el debido proceso a los detenidos con prisión preventiva acusados de diversos delitos sin pruebas contundentes, inclusivo algunos siendo menores de edad, como el caso de Raquel Villalba Ortiz (16) que cargando con niña de 3 meses, la han derivado a la policía de Cnel. Oviedo, luego al Policlínico de esta ciudad, y pretenden encarcelarla en Asunción.

6. El cese del amedrentamiento de la fiscalía y la policía a los familiares, vecinos y dirigentes campesinos.

7. La recuperación de las tierras malhabidas en manos de Blas N. Riquelme conocido por su connivencia con la dictadura Stronista, para la creación de un asentamiento modelo que lleve a una solución definitiva del conflicto por la tierra que es la causa real del conflicto.

Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas 
y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú

Reflexiones a partir de los sucesos en Curuguaty

Lo ocurrido el viernes 15 de junio en una zona rural del distrito de Curuguaty, del fronterizo departamento de Canindejú, ha generado una enorme confusión en la gente, dada la manera sensacionalista e irresponsable como se ha manejado la información en la mayor parte de los medios de comunicación, y la rápida aparición de los pescadores de río revuelto, principalmente políticos, empresarios y periodistas, quiénes sin ningún tipo de análisis serio previo ya veían la manera de obtener algún tipo de rédito para sí o su organización a partir del trágico suceso.

Un hecho tan grave, donde han perdido la vida al menos 15 paraguayos, amerita una reflexión seria, con mucha información de por medio, con rigurosidad y responsabilidad, antes de emitir opiniones a los cuatro vientos, y más aún antes de declarar ya culpables y exigir castigos. Pero aquí todo ha funcionado al revés: lo primero fue declarar a los culpables, exigir sus castigos, y después ver la forma de armar un argumento que sustente dichas posturas.

Aventajados en esta cuestión del rédito político son los propios políticos, principalmente de la ANR, PLRA, PPQ y UNACE, en especial los congresistas y aquellos que están actualmente en campaña política, quiénes rápidamente sentenciaron la culpabilidad del Presidente Lugo y del Ministro del Interior, y la pertinencia de impulsar un juicio político a uno de ellos o incluso a ambos. Todos estos partidos políticos tienen intereses directos en el tema de la tierra y su problemática, dado que sus filas están nutridas de grandes y medianos estancieros, ganaderos, sojeros, empresarios inmobiliarios, etc., lo cual hace que la reacción haya sido mucho más violenta.

Periodistas y medios de comunicación empresariales rápidamente se alinearon al mismo discurso, construido a partir de los intereses de los grupos económicamente más poderosos del país, según el cual las únicas víctimas de estos hechos fueron los policías, y los únicos victimarios, los asesinos sin alma ni sentimientos, fueron los campesinos y/o carperos. Escuchando y viendo a los periodistas daba la impresión de que todos los muertos habían sido policías, aunque el balance final arrojaba casi el doble de muertos entre los campesinos.

En la misma línea discursiva se ubicaron los empresarios y sus gremios, siempre alertas para defender el orden (este orden tan injusto instalado en el Paraguay), condenando a los violentos campesinos y exigiendo el juicio político al Presidente. Plena coincidencia entre los empresarios y el principal vocero de la prensa comercial, ABC Color, que en su editorial del sábado sentenció: El Presidente Lugo es el responsable de esta lamentable tragedia; en el mismo diario a pocas páginas del editorial mencionado, el diario informaba que la UGP pide enjuiciar a Lugo por ser “corresponsable” de lo ocurrido. Esto ya no es novedad: los intereses de los grandes empresarios son los mismos que los de los mayores medios de comunicación, son socios en la defensa del statu quo, del orden establecido a lo largo de las últimas décadas, fundado en la enorme concentración de la tierra, fruto de un proceso de robo y estafa al pueblo paraguayo, raíz de la trágica desigualdad y exclusión que caracteriza a nuestro país.

Hay muchas cosas que incluir en el análisis de lo ocurrido: por ejemplo, el lugar del enfrentamiento, el departamento de Canindejú en la frontera con Brasil, la zona más castigada ambiental y socialmente por el avance de los agronegocios, en especial del cultivo mecanizado de soja; en la “propiedad” del político–empresario Blas N. Riquelme, congresista por muchos años por la ANR, quién hizo su fortuna al amparo del dictador Stroessner y los siguientes gobiernos colorados, acusado fundadamente de detentar tierras malhabidas otorgadas por el dictador, tierras en las que se dio el enfrentamiento; por otro lado, quiénes son los que saldrían ganando a partir de lo ocurrido, obviamente ni los campesinos ni los policías, pero si sectores con intereses vinculados, tanto políticos como económicos, a los grandes negocios que hoy se hacen en el Paraguay.

Han muerto policías y campesinos, todos paraguayos, casi todos hijos de familias pobres de nuestro país, todos víctimas de un sistema económico tremendamente injusto y excluyente. Se ha amplificado la condena solo de la muerte de los policías, y se ha justificado la muerte de los campesinos/carperos, los primeros tenían familias y sueños, los segundos armas y antecedentes penales, unos eran los buenos y los otros los malos. Mirada más simplista e interesada es imposible.

El problema en el fondo de esta actitud es que los unos, los policías, representan al orden, a la seguridad, a la garantía de que la propiedad seguirá en manos de quiénes está hoy. Los otros, los campesinos, representan la amenaza, la posibilidad de que las cosas cambien en el futuro, representan el peligro a la propiedad, en especial de aquellos propietarios fraudulentos, ilegítimos, que hoy gozan una buena vida en la abundancia, y harán todo lo posible por que esto no cambie.

Un episodio tan trágico como el ocurrido, nos exige tener una mirada mucho más amplia y profunda, antes de asumir posturas y exigir acciones consecuentes.
Luis Rojas Villagra

Condenan en Chile a periodistas cómplices con la dictadura


El Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de “El Mercurio”, “La Segunda”, “Las Últimas Noticias” y “La Tercera” y a una periodista, por falta a la ética y no cumplimiento con el deber “de entregar la verdad a la ciudadanía”, en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo.

El fiscal y el tribunal resolvieron de esta manera a favor del Colectivo de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Operación Colombo, que en noviembre de 2005 interpuso ante el Colegio una denuncia en contra de los ex directores de “El Mercurio”, René Silva Espejo; “La Segunda”, Mario Carneyro; “Las Últimas Noticias”, Fernando Díaz Palma; y “La Tercera”, Alberto Guerrero Espinoza, y las periodistas Mercedes Garrido Garrido y Beatriz Undurraga Gómez, que aún se desempeñan en la profesión.
En su denuncia, el Colectivo, representado por Cecilia Radrigán Plaza y Roberto D’Orival Briceño, familiares de dos desaparecidos en la Operación Colombo, solicitaron al Colegio “la reparación de un daño profundo y un resarcimiento a nuestros familiares y amigos tan vilmente desacreditados en la memoria histórica del país”.

Mediante este operativo el régimen militar intentó hacer creer a la ciudadanía chilena e internacional que las denuncias de familiares sobre desapariciones eran falsas. A través de la Operación Colombo se hizo aparecer algunos cadáveres calcinados en Buenos Aires, a los que identificó como militantes chilenos de izquierda, con un letrero que decía “por traidor”. La versión de la dictadura, recogida por los medios, que agregaron titulares injuriosos, fue que los supuestos desaparecidos se estaban matando entre ellos en Argentina o caían en enfrentamientos. En el montaje se incluyeron dos publicaciones de breve y escasa circulación en Argentina y Brasil, donde se entregó una lista de 119 personas que en Chile se denunciaban desaparecidas y que habrían muerto en Argentina en ajustes de cuentas o enfrentamientos.

En el caso de Díaz Palma y Guerrero Espinoza, éstos fueron sancionados con “una censura pública y suspensión de la calidad de miembros del Colegio de Periodistas durante seis meses por su desempeño en los hechos investigados”. Respecto de Díaz Palma, el fallo establece que “su actitud es aún más condenable si se tiene presente que en ese tiempo ejercía además la presidencia del Colegio de Periodistas”.

Imputables

Silva Espejo y Carneyro fueron declarados “inimputables”, por estar fallecidos, aunque igualmente se los encontró responsables, porque “no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuente que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir”. Estos cargos también se formularon a Díaz Palma y Guerrero Espinoza.

Sobre Carneyro, de “La Segunda”, la resolución considera el agravante del “uso de titulares agraviantes y sensacionalistas, tendientes no a destacar una información, sino que a manipular tendenciosamente la misma”. Este hecho se refiere al titular de portada de “La Segunda” del 24 de julio de 1975: “Exterminados como ratones. 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

La periodista Mercedes Garrido Garrido, acusada por los denunciantes de haber sido editora de “La Segunda” en ese tiempo, fue absuelta, “dado que las acusaciones en su contra no fueron probadas”. Sí fue sancionada Beatriz Undurraga con “censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas de Chile durante tres meses”, por existir “presunciones de una actitud profesional y personal cuestionable en este caso, y dado que no se presentó a testimoniar a pesar de haber sido convocada en dos oportunidades (…) con lo que infringe el artículo 13 del reglamento de instrucción de sumarios del Colegio de Periodistas”.

Los sancionados fueron acusados de violar diversas disposiciones de la Carta de Ética Periodística vigente en ese período; entre éstas se encuentran las siguientes normas: “El periodismo y los periodistas deben estar al servicio de la verdad”, “el periodista no deberá aceptar presiones de sus empleadores para que falte a la verdad”, “son faltas extremas a la ética profesional la participación en la violación de los derechos humanos y la desinformación premeditada” y “los ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de las personas, instituciones o grupos”. Los afectados están siendo notificados de esta resolución. Luego tendrán cinco días para apelar ante el mismo tribunal.

Admitir una conducta culposa

El fallo sostiene también que “al tenor de la investigación queda además en evidencia que el Colegio de Periodistas de Chile (a la época) tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de los valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad, y no defendió los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada, ni denunció la responsabilidad que tuvieron la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación”.

“En este sentido, los periodistas, no sólo de los medios de comunicación involucrados en este sumario, sino que la gran mayoría de los que funcionaban en el país a esa fecha -con la excepción de algunas pocas publicaciones y radioemisoras que intentaban sobrevivir- y el Colegio de Periodistas de Chile, deben enfrentar su conducta culposa en este caso y actuar ante la sociedad asumiendo públicamente su responsabilidad”, afirma el fallo

Fuente: Agencia Paco Urondo

Masiva movilización en Colombia de nuevo movimiento político

En histórica jornada más de 80 mil personas marcharon hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá, para cerrar con broche de oro el nacimiento del nuevo movimiento político Marcha Patriótica.

La gran mayoría de los participantes provenía de todas las regiones del país y de manera organizada emprendieron la caminata desde tres puntos diferentes de la ciudad: el Parque Nacional, Coliseo El Campin y el Parque Olaya Herrera. 

Contrario a la propaganda sucia desplegada por los medios, las cúpulas castrenses, policiales y de otros sectores de la ultraderecha cercana al paramilitarismo, no se presentó ni siquiera un vidrio roto a pesar de la gran cantidad de participantes.

Aunque “la gran prensa” minimiza el magno acontecimiento y solo se refiere a él para estigmatizarlo y calumniarlo, lo cierto es que el número de manifestantes desbordó con creces la cifra de los 80 mil.

Los medios de la oligarquía dicen que fueron 35 mil y los más honestos admiten una asistencia de 50 mil personas, ocultándole la realidad al país. 

Unas 20 mil personas que no lograron llegar a la Plaza de Bolívar porque la capacidad de esta había sido desbordada, tuvieron que resignarse a ver lo que allí sucedía, a través de las gigantescas pantallas dispuestas en diferentes puntos sobre la Carrera Séptima.

El movimiento Marcha Patriótica es la confluencia de más de 1.700 organizaciones sociales de las diferentes regiones del territorio nacional, que busca la unidad de todos los sectores democráticos y ser protagonista en la vida política del país.

Entre los principales objetivos de la Marcha Patriótica se encuentran, la salida política al conflicto social y armado, la realización de una reforma agraria justa con el campesinado, garantía al acceso a la salud para todos los colombianos, empleo digno y educación gratuita y de alta calidad para niños y jóvenes, entre otras.

Este movimiento político se constituyó el fin de semana con la presencia de mas de 4.000 delegados y cerca de 1700 organizaciones nacionales y el acompañamiento de una nutrida delegación internacional.

Integrarán la Junta Patriótica Nacional: Piedad Córdoba, Jairo Rivera,  Carlos Lozano,  Andrés Gil, David Flórez, Carlos García, Javier Cuadros,  Gloria Cuartas, Gustavo Gallardo, Mauricio Ramos, Hubert Ballesteros, Jairo Estrada, Jael Quiroga, Joaquín Romero, Ángel Torres, Heriberto Flor, Diego Angulo, Carolina Bautista, William Monsalve, Patricia Ariza, Francisco Tolosa, Nidia Quintero, Gloria Cuartas  entre otros,  en representación de las mas diversas organizaciones y sectores sociales de todo el territorio nacional.

Tal como lo expone la declaración Política: “En Marcha hemos llegado a Bogotá las y los patriotas de Colombia para afirmar la existencia de sueños colectivos; para trazar rutas de dignidad, para abrir puertas de esperanza siguiendo el legado de las y los libertadores de la Primera Independencia. Somos partícipes de este nuevo capítulo en la historia que habrá de forjarse en la más amplia unidad popular”.   La Marcha Patriótica se constituye como la opción para miles de colombianos y colombianas que han sido marginados durante décadas por quienes ostentan el poder. Un movimiento amplio, donde caben todas las personas y organizaciones que creen en la necesidad de transformación del país.

La Junta Patriótica Nacional estuvo acompañada por más de 100 invitados internacionales, quienes dieron a conocer su declaración política internacional de apoyo al Movimiento Político Marcha Patriótica, fortaleciendo los lazos latinoamericanos en la construcción de una verdadera soberanía continental.

Fuente: www.rebelion.org

Venezuela apoya la expropiación de YPF


El gobierno de Venezuela remarcó la vigencia de la doctrina del manejo soberano de los recursos naturales, en referencia a la decisión del Poder Ejecutivo argentino de expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF que están en manos de la española Repsol.

"El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez, saluda y respalda la decisión anunciada por el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, de nacionalizar la principal empresa petrolera argentina", señala un comunicado de la cancillería de ese país.

En el mismo se señala que Venezuela "resalta la vigencia de la doctrina de manejo soberano de los recursos naturales, especialmente los energéticos, ratificando el rumbo que nuestros países estamos construyendo tanto bilateralmente como en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)".

Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, aseguró que la decisión del gobierno de la Argentina de expropiar las acciones de YPF en manos de Repsol, no influirá en Bolivia.

"Estoy convencido de que no influirá para nada a Bolivia porque nuestros acuerdos firmados es empresa a empresa y con la confianza de los gobiernos de España y de Bolivia", dijo en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Por su parte, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se refirió este martes al tema YPF durante la rueda de prensa que ofreció en Brasil junto con su homólogo brasileño, Antonio Patriota.

"Esta decisión será muy debatida, y con razón", porque "un mercado abierto de energía y productos es el mejor modelo de competencia", indicó la funcionaria estadounidense.
En tanto en Bruselas, la Unión Europea (UE) decidió este martes suspender una reunión prevista para fin de esta semana del Comité Conjunto UE-Argentina, informaron fuentes comunitarias.

La reunión del Comité Conjunto UE-Argentina debería haberse producido en Buenos Aires los próximos 19 y 20, pero será "pospuesta", comentó a la agencia de noticias DPA la vocera de la Comisión Europea, Pía Ahrenkilde.

En tanto, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, indicó que el ejecutivo comunitario estudia en profundidad la decisión argentina.

"He solicitado a los servicios de la Comisión que hagan un seguimiento estrecho del asunto y que lo hagan de manera prioritaria", explicó Barroso.

Fuente: Telam

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no irá a la Cumbre de las Américas


Rafael Correa, presidente de Ecuador, no asistirá a Cartagena a la VI Cumbre de las Américas. El presidente ecuatoriano rechazó la invitación del presidente Juan Manuel Santos, y en una carta dirigida al mandatario colombiano mantuvo su postura frente a la ausencia de Cuba en la mencionada cumbre.

Según el diario El Comercio (Quito), la carta dice que después de haber reflexionado detenidamente, “he decidido que, mientras sea Presidente de la República del Ecuador, no volveré a asistir a ninguna Cumbre de las “Américas”, hasta que se tomen las decisiones que la Patria Grande nos exige (sobre la participación de Cuba en dicho encuentro)”.

Correa fue el primer mandatario que exigió la presencia de Cuba en la Cumbre, exigencia que motivó al gobierno colombiano adelantar gestiones diplomáticas, en busca de consenso, para superar el obstáculo en que se convirtió el escenario de la invitación al gobierno de La Habana.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el presidente de la isla, Raúl Castro y con Hugo Chávez y manifestó la imposibilidad de invitar a Cuba.

Correa, entonces, dijo que consultaría con “el pueblo ecuatoriano” sobre su presencia en Cartagena. Este 2 de marzo dirigió su respuesta definitiva. No estará en la Cumbre de las Américas.

La carta de Rafael Correa a Juan Manuel Santos
Señor Doctor
Juan Manuel Santos
Presidente Constitucional de la República de Colombia

Estimado Presidente y amigo:

Valoro y agradezco profundamente su gentil y reiterada invitación a la VI “Cumbre de las Américas”, a celebrarse en la hermosa Cartagena de Indias los días 14 y 15 de abril. Lamentablemente, pese a que en la V Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago del 17 al 19 de abril de 2009, se rechazó la incomprensible exclusión de la República de Cuba de las cumbres americanas, una vez más, este país hermano no ha sido invitado.

Por definición, no puede denominarse “Cumbre de las Américas” a una reunión de la cual un país americano es intencional e injustificadamente relegado. Se ha hablado de “falta de consenso”, pero todos sabemos que se trata del veto de países hegemónicos, situación intolerable en nuestra América del Siglo XXI.

De igual manera, es inaceptable que en estas cumbres se soslayen temas tan fundamentales como el inhumano bloqueo a Cuba, así como la aberrante colonización de las Islas Malvinas, los cuales han merecido el rechazo casi unánime de las naciones del mundo.

Jamás buscaríamos ocasionar el más mínimo problema ni a su gobierno ni a nuestra querida Colombia. Se trata, como decía Bolívar, de sentir verdaderamente que la Patria es América, y en algún momento comenzar a denunciar y enfrentar con fuerza estas, repito, intolerables y hasta aberrantes situaciones. Por ello, después de haber reflexionado detenidamente, he decidido que, mientras sea Presidente de la República del Ecuador, no volveré a asistir a ninguna Cumbre de las “Américas”, hasta que se tomen las decisiones que la Patria Grande nos exige.

Nuestros pueblos bien pueden cansarse de que sus mandatarios estén en tantas cumbres, mientras todavía existen demasiados abismos por superar, como la pobreza e inequidad que todavía mantienen a América Latina como la región más desigual del mundo; la ineficaz estrategia de lucha contra el problema mundial de las drogas; la profunda transformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hoy celador de intereses ajenos a sus principios fundacionales; la vigencia de una verdadera libertad de expresión que no se encuentre reducida a los intereses de los negocios dedicados a la comunicación social; o, la completa supremacía del capital sobre los seres humanos, como lo demuestra la crisis hipotecaria en España, que afecta a centenares de miles de ciudadanos, entre ellos muchos migrantes latinoamericanos.

Esperamos que nuestra ausencia sea una cordial invitación a debatir lo esencial y a actuar en consecuencia, ratificando el aprecio y respeto que sentimos por todos nuestros colegas, Jefas y Jefes de Estado del Continente, queridos amigos con quienes compartimos sueños de mejores días para nuestros pueblos.

Deseamos, por el bien de la región y del mundo, que la Cumbre de Cartagena sea exitosa. El deseo de acompañarles es enorme, sólo superado por la firmeza de nuestras convicciones.

¡Hasta la victoria siempre!

Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Quito, abril 2 de 2012.

Fuente: CubaDebate contra el terrorismo mediático.